El caso arbitral reabre el debate político sobre un posible comisariamiento de la Federación, aunque el CONI mantiene la cautela

Italia – El fútbol italiano vive una nueva tormenta institucional. Tras el aviso de garantía a Gianluca Rocchi y la investigación que sacude al sistema arbitral, la presión política sobre la FIGC ha aumentado de forma notable, con voces que ya reclaman abiertamente un comisariamiento de la Federación.

La Liga de Matteo Salvini fue especialmente contundente al considerar que el calcio “nunca ha estado tan en dificultad”, citando escándalos y fracasos deportivos, y defendiendo la necesidad de “empezar de cero con una renovación completa”. Una postura que se suma a las dudas expresadas por el ministro de Deportes, Andrea Abodi, partidario desde hace tiempo de una reforma profunda del sistema.

El caso Rocchi ha dado fuerza mediática a una opción extrema, aunque jurídicamente el escenario no es tan sencillo. El único con potestad para iniciar un comisariamiento es el presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, que hasta ahora ha defendido que no existen condiciones suficientes para tomar una medida tan drástica.

El problema está en los requisitos legales. Para intervenir la Federación deberían acreditarse graves violaciones del ordenamiento deportivo por parte de los órganos directivos. Y, por ahora, no hay nada probado. Además, Rocchi no forma parte de los órganos directivos federales ni fue designado directamente por la FIGC, lo que complica aún más justificar una intervención.

A esto se suma un factor político interno: cualquier comisariamiento tendría que ser votado en la Junta del CONI, donde no está claro que Buonfiglio contara con una mayoría suficiente. Un movimiento fallido podría debilitar gravemente su posición e incluso forzar su salida. Por eso, pese a la presión del Gobierno y al ruido generado por el escándalo arbitral, el CONI opta por la prudencia. La Federación, además, tiene previsto elegir nuevo presidente en menos de dos meses, lo que añade otro argumento para evitar una intervención inmediata.

El calcio atraviesa una crisis profunda, entre fracasos deportivos, tensión institucional y sospechas arbitrales. Pero, por ahora, el comisariamiento sigue siendo más una batalla política que una decisión jurídicamente madura.