El caso Rocchi reabre viejas heridas en un colectivo marcado por conflictos, acusaciones y luchas de poder

Italia – El escándalo que rodea a Gianluca Rocchi no es un hecho aislado. Es, más bien, el último capítulo de una larga historia de conflictos internos dentro del arbitraje italiano, un entorno donde las denuncias, los recursos y las acusaciones cruzadas se han convertido en una constante.

La investigación abierta por la Fiscalía de Milán a raíz de la denuncia del ex asistente Domenico Rocca ha vuelto a colocar el foco sobre un sistema que lleva años cuestionado. Y no solo desde fuera: los propios árbitros han sido, en muchas ocasiones, los principales denunciantes.

Uno de los precedentes más sonados fue el caso de Camillo Gavillucci. El árbitro, apartado en la temporada 2017-18 por “motivos técnicos”, llevó su caso hasta los tribunales deportivos. Aunque logró inicialmente una resolución favorable, acabó perdiendo en el Comité Olímpico Italiano. Su salida del sistema vino acompañada de duras acusaciones contra el entonces presidente arbitral Marcello Nicchi, al que señaló por conflictos de interés relacionados con el VAR.

Ese episodio abrió la puerta a nuevas denuncias. En 2021, los árbitros Daniele Minelli y Niccolò Baroni presentaron un escrito ante la justicia ordinaria denunciando supuestas manipulaciones en las clasificaciones de rendimiento en la Serie B. La acusación apuntaba directamente a responsables técnicos como Emidio Morganti y Christian Brighi, con la sospecha de que se alteraban evaluaciones para favorecer a determinados árbitros.

Pero las tensiones no se limitan a cuestiones técnicas. También han existido enfrentamientos directos por el control del sistema. El ex árbitro Roberto Boggi llegó a acusar a Nicchi de haber creado “un sistema dictatorial”, donde quienes se oponían eran apartados. Incluso llegó a insinuar la posibilidad de una nueva crisis similar a Calciopoli.

El relevo en la presidencia arbitral tampoco trajo calma. Alfredo Trentalange, sucesor de Nicchi, acabó dimitiendo en 2022 tras el escándalo que implicó a Roberto D’Onofrio, jefe de la fiscalía arbitral, detenido por tráfico internacional de drogas. Un caso que volvió a poner en entredicho la credibilidad del sistema. A esto se suman testimonios como el del ex árbitro Piero Giacomelli, que acusó a D’Onofrio de haber condicionado promociones y descensos dentro del colectivo, o el más reciente de Gabriele Scatena, quien denunció públicamente sentirse excluido de un sistema que, según él, “primero te aparta y luego intenta comprarte”.

En este contexto, el caso Rocchi no hace más que reactivar una crisis estructural que lleva años gestándose. No se trata solo de decisiones arbitrales polémicas, sino de un problema más profundo: la falta de confianza interna en un sistema que, periódicamente, vuelve a ser cuestionado desde dentro. El arbitraje italiano, una vez más, se mira al espejo. Y lo que ve no invita precisamente al optimismo.