La defensa del exvicepresidente del CTA solicita a la jueza que determine si debe ser apartado del proceso por demencia moderada

Barcelona, España – El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, ha solicitado a la magistrada que instruye el conocido como ‘caso Negreira’ que ordene un nuevo reconocimiento forense para evaluar su estado de salud mental. Su defensa sostiene que su deterioro cognitivo ha empeorado desde la última exploración realizada en 2023 y que actualmente no estaría en condiciones de afrontar el proceso penal con plenas garantías.

En un escrito presentado ante el juzgado, su abogado, Daniel Pérez-Esqué, argumenta que el investigado sufre un deterioro que le impide “defenderse con todas las garantías” y reclama que un médico forense actualice la valoración para que la jueza determine si procede su exclusión de la causa por demencia.

Negreira está investigado, junto a los expresidentes del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros, por los más de siete millones de euros que percibió del club azulgrana entre 2001 y 2018. La Fiscalía sospecha que esos pagos podrían estar vinculados con un posible delito de corrupción deportiva.

Tras la apertura del procedimiento, en 2023, Negreira fue sometido a una exploración en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña. En aquel momento, el juez instructor concluyó que, pese a presentar un deterioro cognitivo leve propio de su edad, conservaba las facultades necesarias para ser juzgado.

Sin embargo, la defensa aporta ahora un informe reciente de la Fundación ACE —centro especializado en el tratamiento del Alzheimer— que señala un agravamiento de su estado. Según este documento, Enríquez Negreira presentaría un grado 5 en la escala GDS de Reisberg, lo que se corresponde con una “demencia moderada”.

“Es indiscutible el deterioro que ha sufrido en este periodo de tiempo y la necesidad de producir nueva valoración forense”, sostiene el escrito presentado ante el juzgado.

Negreira ya compareció como investigado en marzo de 2024 y se acogió entonces a su derecho a no declarar. La decisión sobre si procede una nueva pericial médica y sus posibles consecuencias procesales queda ahora en manos de la magistrada instructora.