Tras su comparecencia ante la jueza, el expresidente del Barça asegura que los informes que cobró el hijo del vicepresidente del CTA fueron trabajos legítimos, no corrupción deportiva

Josep Maria Bartomeu, junto con Sandro Rosell, Òscar Grau, Albert Soler y Javier Negreira, ha comparecido como investigado ante la jueza del Caso Negreira, que indaga sobre los pagos que el FC Barcelona hizo entre 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Enríquez Negreira. Bartomeu ha afirmado públicamente que muchas de las teorías que se han vertido desde hace dos años han sido hoy desmontadas, y ha tratado de aclarar el alcance real de los informes cobrados por el hijo de Negreira.
Durante su declaración, Bartomeu señaló que los pagos se relacionaban con servicios de asesoramiento deportivo, elaboración de informes arbitrales antes y después de los partidos, tanto del primer equipo como del segundo, servicios que —según él— fueron reales y justificados. También negó que dichos trabajos estuvieran vinculados a que el padre ejerciera funciones arbitrales concretas que involucrasen presión o manipulación de resultados.
Otra de las teorías que Bartomeu desmintió tiene que ver con el cargo de su hijo, Javier Negreira, y su eventual salida del servicio al Barça cuando Enriquez Negreira dejó la Federación. Bartomeu dijo que no hay conexión entre uno y otro hecho, y que tampoco implica ninguna irregularidad en ese sentido.
Por su parte, su abogado, José María Fuster-Fabra, afirmó que los pagos fueron por servicios contratados y que no existe ningún árbitro que admita haber recibido dinero para cambiar un resultado, lo que —en su opinión— desecha la acusación de corrupción deportiva.
En resumen, Bartomeu sale de la declaración asegurando que muchas de las acusaciones que rodeaban al “Barçagate” y al Caso Negreira pierden fundamento con lo expuesto hoy. Queda por ver cómo valorará la jueza los documentos obrantes, los informes no entregados inicialmente al club o a autoridades, y si todo ello tiene consecuencias judiciales reales. Este paso supone un punto de inflexión en una causa que ha generado gran impacto mediático e institucional.





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