Las presuntas infracciones, que se remontan al periodo entre 2009 y 2022, fueron autodenunciadas por la nueva directiva del club. Las posibles sanciones van desde multas económicas hasta una deducción de puntos

La Asociación de Fútbol inglesa (FA) ha acusado formalmente al Chelsea FC de 74 presuntas infracciones de sus reglas relacionadas con los pagos a agentes. Las irregularidades habrían tenido lugar entre 2009 y 2022, con especial foco en las temporadas de 2010 a 2016, durante la etapa en la que Roman Abramovich era el propietario del club.

Los cargos se refieren a pagos a agentes, intermediarios e inversiones de terceros en jugadores. Fue la nueva directiva del club, liderada por Todd Boehly, la que descubrió estos «informes financieros potencialmente incompletos» durante el proceso de compra y los autodenunció ante la FA y todos los organismos reguladores pertinentes.

«El club ha demostrado una transparencia sin precedentes durante este proceso», afirmó el Chelsea en un comunicado. Debido a este alto nivel de cooperación, se espera que sea un atenuante a la hora de decidir una sanción, que podría ir desde una multa hasta un embargo de fichajes o una deducción de puntos. El club tiene hasta el 19 de septiembre para responder a los cargos.

Otras investigaciones en curso

Esta no es la primera vez que el club se enfrenta a las consecuencias de las irregularidades financieras de la era Abramovich.

• En julio de 2023, la UEFA ya impuso al Chelsea una multa de 8,6 millones de libras por «enviar información financiera incompleta» entre 2012 y 2019, un asunto también reportado por los nuevos dueños.
• Además, la Premier League mantiene abierta su propia investigación sobre posibles violaciones de las reglas financieras por parte del club. Esta pesquisa incluye, entre otras, las transferencias de Samuel Eto’o y Willian desde el club ruso Anzhi Makhachkala en 2013.

Mientras tanto, los 2.500 millones de libras de la venta del club por parte de Abramovich permanecen congelados en una cuenta bancaria del Reino Unido, en medio de una disputa legal sobre si los fondos deben destinarse exclusivamente a víctimas en Ucrania o, como pretendía el oligarca ruso, a «todas las víctimas de la guerra en Ucrania».