El nuevo Regulador Independiente del Fútbol (IFR) podrá investigar a los propietarios ya existentes y forzar la venta de un club si no cumplen los nuevos requisitos de «honestidad, integridad y solvencia financiera”

El Regulador Independiente del Fútbol (IFR) de Inglaterra ha anunciado su primera gran medida política: la creación de un nuevo y riguroso test para propietarios, directivos y altos ejecutivos, diseñado para impedir que individuos «deshonestos» o no aptos puedan comprar y dirigir clubes de fútbol en el país.

Esta nueva prueba sustituirá al antiguo «Test de Propietarios y Directivos», que había sido ampliamente criticado en los últimos años por su incapacidad para evitar que personal inadecuado se hiciera con el control de clubes históricos. La nueva normativa se aplicará a las cinco primeras divisiones del fútbol masculino inglés.

Entre las principales novedades, el IFR tendrá poderes sin precedentes para exigir responsabilidades a los dueños. El organismo podrá imponer sanciones económicas, emitir una censura pública o, en los casos más graves, exigir a un propietario que venda su participación en el club. El test evaluará la «honestidad, integridad y solvencia financiera»de los individuos, quienes además deberán demostrar que poseen las «habilidades y experiencia necesarias» para gestionar una entidad deportiva.

La diferencia más significativa con el sistema anterior es que el IFR no solo examinará a los nuevos compradores, sino que también tendrá la potestad de investigar a los propietarios que ya están al mando de un club. «Los buenos propietarios, que gestionan sus clubes de forma eficaz, experimentarán un impacto mínimo. Sin embargo, si el IFR tiene dudas sobre la idoneidad de un propietario actual, podrá tomar medidas», afirmó el regulador en un comunicado.

Esta medida surge como respuesta a varias crisis recientes. Casos como el del Sheffield Wednesday, sumido en el caos financiero bajo la propiedad de Dejphon Chansiri con impagos a Hacienda y a sus propios jugadores, o el del Morecambe, que estuvo a punto de desaparecer el pasado mes de julio por la mala gestión de su anterior dueño, han puesto de manifiesto la necesidad de una regulación más estricta.

La propuesta aún debe ser ratificada. Se ha abierto un proceso de consulta pública que finalizará el próximo 6 de octubre, y el IFR espera poner en marcha la nueva normativa poco después de publicar sus conclusiones a finales de este año.