El expresidente de la RFEF ya fue condenado por el beso a Jenni Hermoso

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado la anulación del juicio contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas del Mundial de 2023. La fiscal Marta Durántez argumenta que el juez José Manuel Fernández-Prieto mostró una conducta que comprometió la apariencia de imparcialidad, utilizando un tono irrespetuoso y permitiendo actitudes inapropiadas por parte de las defensas y los acusados durante las nueve jornadas del juicio. 

Además, la Fiscalía señala que se denegaron pruebas documentales y se impidió formular preguntas relevantes a testigos clave, lo que generó indefensión y afectó el derecho a una tutela judicial efectiva. Entre las pruebas no admitidas destaca un vídeo de la Junta extraordinaria de la RFEF, considerado relevante para acreditar las supuestas coacciones y evidenciar el clima de connivencia entre Rubiales y sus colaboradores. 

En su recurso, la Fiscalía solicita que se celebre un nuevo juicio con un magistrado no viciado de parcialidad y que se revoque la sentencia anterior, en la que Rubiales fue condenado a una multa de 10.800 euros por agresión sexual y absuelto del delito de coacciones. La fiscal Durántez considera que la multa impuesta es insuficiente y ofensiva para la víctima y otras personas afectadas por agresiones sexuales, por lo que solicita una pena de un año de prisión para Rubiales y la condena por coacciones tanto para él como para los otros tres acusados: el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector deportivo Albert Luque y el exresponsable de marketing Rubén Rivera. 

Este caso ha generado un intenso debate en España sobre el consentimiento y el machismo en el ámbito deportivo y la sociedad en general, provocando una movilización similar al movimiento «Me Too». La petición de repetir el juicio subraya la importancia de garantizar la imparcialidad y el respeto a las garantías procesales en casos de agresión sexual.